Por el momento, Cristina Kirchner no consiguió lo que esperaba del Comité de la ONU al que recurrió para que se revierta su condena. Es que el organismo cerró a principios de noviembre sus sesiones ordinarias, sin tratar la presentación de la ex mandataria para que pueda volver a ser candidata.
De esta forma, la presentación ante las Naciones Unidas se postergará, al menos, hasta marzo de 2027 cuando se reanude el período de sesiones de la entidad multilateral, lo que complica su estrategia electoral ante las próximas elecciones presidenciales.
La defensa de CFK buscaba una medida provisional del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el fin de que suspenda los efectos de la condena a inhabilitación perpetua de la ex mandataria a presentarse a cargos públicos.
Este organismo supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. El procedimiento requiere trasladar la denuncia al Estado involucrado, recibir sus observaciones sobre admisibilidad y fondo y permitir una respuesta de la defensa, un trámite que suele extenderse entre dos y tres años.
Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron el reclamo ante ese comité. La defensa denunció presuntas vulneraciones al tratado, acreditó el agotamiento de las vías judiciales argentinas y solicitó medidas urgentes.
La asesoría letrada considera que las tres medidas cautelares presentadas junto con el reclamo pueden ser evaluadas en cualquier momento por ese comité.
El planteo central apunta la restricción al derecho a votar y ser elegida, y que la inhabilitación perpetua es una limitación ilegítima y desproporcionada de sus derechos políticos.
Los abogados de CFK plantean también que se afectó el derecho a un juicio justo. Argumentaron que se le atribuyó responsabilidad penal por "actos de gestión administrativa que no le correspondían en el marco constitucional", lo que, según la presentación, habría impedido una defensa técnica adecuada.
También exige la intervención de un "tribunal competente, independiente e imparcial". Para la defensa, hubo maniobras de asignación irregular de expedientes, conocidas como forum shopping, y vínculos personales entre jueces, fiscales y dirigentes opositores que habrían afectado la imparcialidad de los tribunales. Otro argumento fue que la Corte Suprema intervino con una integración reducida de tres ministros y que un magistrado recusado resolviera su propia recusación.
La condena en la causa Vialidad dejó a Kirchner inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y fijó una pena de seis años de prisión. También fue excluida del padrón electoral en cumplimiento de la sentencia y cumple arresto domiciliario en San José 1111.
Los cuestionamientos sobre el proceso fueron examinados durante las sucesivas instancias de revisión. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia confirmó que la ex presidenta fue responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Por eso, quedaron clausuradas todas las opciones para que la Justicia argentina revea su decisión. La única alternativa que quedaba era intentar con una jurisdicción internacional, como la ONU. Lo cierto es que sistema jurídico argentino no prevé una cuarta instancia una vez que se pronuncia la Corte Suprema. El Comité de Derechos Humanos de la ONU puede emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo, pero no revocar una decisión del Poder Judicial.
La expectativa de una medida cautelar favorable de la ONU se inserta también en la disputa interna que Kirchner mantiene con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Su objetivo es recuperar la posibilidad de competir en elecciones pese a la restricción impuesta por el fallo o, al menos, retener el poder de negociación de las listas ante una futura oferta electoral opositora.
En medio del revés provisorio en la ONU, una comitiva de dirigentes kirchneristas viajó a Washington para reunirse con los representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pramila Jayapal y Jesús "Chuy" García, referentes del Caucus Progresista del Partido Demócrata. La delegación internacional, autodenominada "Cristina Libre", está integrada por los diputados nacionales Jorge Taiana y Vanesa Siley, la economista Delfina Rossi y el parlamentario por el Mercosur, Franco Metaza.
En ese marco, los congresistas estadounidenses escucharon con atención la situación judicial que atraviesa CFK.
Mientras intenta revertir los efectos por la condena en Vialidad, CFK enfrenta los juicios por el caso "Cuadernos" y por Hotesur-Los Sauces. Si recibe nuevas sentencias por estos procesos judiciales, las penas se sumarán cuando queden confirmadas por la Corte Suprema.
